La elección de 2009 fue la primera ocasión a nivel federal que se instrumentó el modelo de comunicación política establecido en la reforma electoral de 2007. La expectativa por ver aplicado un modelo de comunicación enmarcado por una enorme complejidad técnica y conceptual dio a esta elección un carácter especial. Por si esto fuera poco, dicho proceso electoral aconteció en medio de un ambiente adverso en varios frentes, como por ejemplo las crisis económica y sanitaria así como la escalada de la violencia en todo el país a raíz de la llamada "guerra" contra el narcotráfico.
Fue en este contexto en el que el Instituto Federal Electoral (IFE) organizó las elecciones federales de 2009. No obstante la relevancia de los acontecimientos aquí referidos, el verdadero reto del IFE fue aplicar una ley resultante de un debate parcial y desinformado en torno a la función de la comunicación en una democracia contemporánea (Juárez, 2009b). Más allá del imperfecto diseño legal del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), uno que abonó la multiplicación de vacíos legales ventajosos para los partidos políticos, el problema central del actual modelo de comunicación política reside en una concepción utilitaria y de corto plazo de la comunicación. La afirmación no es menor y resalta un sinsentido toral en el argumento sobre el cual se ha fundado dicho modelo, que postula que entre más comuniquen los partidos mayor será su oportunidad para influir en las decisiones del electorado (Juárez, 2009b).
Resultado de una lógica que privilegia la persuasión por encima de la comunicación, el proceso de dialogo y reflexión que antecedió a la reforma de 2007 no logró trascender la inmediatez por enmendar aquello que, a criterio de unos cuantos, fue causa del desenlace del proceso electoral de 2006. En materia de comunicación política, terminar con la compra de tiempo aire por parte de los partidos políticos y prohibir la transmisión de mensajes "negativos" fueron asuntos que ocuparon, particularmente, un lugar central en la nueva ley electoral. En ambos casos pudo más el afán correctivo del legislador centrado en remediar los "errores" del pasado que una visión prospectiva que planteara un modelo de comunicación más cercano al interés público y menos comprometido con la agenda electoral de los partidos políticos.
El mejor ejemplo de ello fue la recuperación del tiempo oficial que resulta del pago en especie que los concesionarios de la radio y la televisión hacen al Estado mexicano por hacer un uso comercial de frecuencias que sólo a éste pertenecen. Es indudable que la "recuperación" de este tiempo para fines electorales debe ser bien recibida. En una primera lectura, sustituir la compra de espacios en radio y televisión por la utilización del tiempo oficial es del todo deseable. Impedir que el dinero de los contribuyentes continuase siendo la llave de acceso a la radio y la televisión abrió una excelente oportunidad para replantear el flujo de información diversa y plural que necesita circular en la esfera pública de un Estado democrático. Sin embargo, este avance dejó de serlo en el momento en que el tiempo del Estado se destinó exactamente al mismo formato de comunicación predominante en el esquema de contratación abierta. Con esta disposición, el legislador ubicó al spot de treinta segundos, un formato comunicacional comprimido, como el principal espacio de comunicación audiovisual entre el electorado y los partidos políticos. Un paso hacia adelante implicó, paradójicamente, conservar un sistema regresivo en materia de comunicación. He aquí uno de los principales problemas de la reforma electoral.
Estudios anteriores sobre el contenido y formato de los spots que transmiten en cada elección federal los partidos políticos han demostrado un importante déficit informativo en sus contenidos basados en argumentos superficiales y centrándose más en las deficiencias de sus contrincantes que en la viabilidad de sus propuestas (Juárez, 2007). En voz de la propia ciudadanía, la publicidad política de los partidos carece de interés y debido a su desmedida repetición durante las elecciones termina por hartar al público consumidor de medios sin importar su intención de voto o su identificación partidista (Juárez, 2009a). Estas evidencias muestran un panorama doblemente sombrío en torno a la función de la publicidad política como herramienta de comunicación electoral. Por un lado, el contenido de estos mensajes no ofrece información de peso para la toma de una decisión política razonada, y en aquellas raras ocasiones en las que el mensaje lleva algo de contenido, la manera en la que distintas técnicas de posproducción son utilizadas para presentar el spot impide o dificulta el procesamiento de la información. El número de cortes, los movimientos de cámara, la musicalización y la utilización de formatos convencionales como los talking heads convierten a los spots electorales en un espacio creativamente plano y hueco en materia informativa.
Acaso la mayor aportación de los spots partidistas, desde su primera utilización en la campaña presidencial de 1994, fue el posicionar la imagen de un candidato en particular e incluso la de su propio partido. Su principal eficacia ha sido la asociación simbólica entre una figura política y narrativas determinadas. Ernesto Zedillo asociado con la paz y la estabilidad, que según el Partido Revolucionario Institucional (PRI) México necesitaba en los albores del movimiento zapatista en 1994; Vicente Fox con la promesa de ser el cambio que le convenía al país al iniciar el nuevo milenio; Calderón y López Obrador enfrascados en una férrea competencia para definir a su oponente como sinónimo de corrupción o como un peligro para México.
El caso de la elección que nos ocupa en este escrito representa un fenómeno muy interesante de analizar, no sólo por lo que ya se comentó con respecto a la primera instrumentación a nivel federal de la reforma electoral de 2007 sino, sobre todo, por ser ésta una elección intermedia en donde no existía un candidato que sobresaliera en su exposición ante los demás, algo que es natural más bien en una elección presidencial. Esto es, un candidato alrededor del cual se articulan las campañas para ocupar escaños en ambas cámaras del Poder Legislativo y en aquellas legislaturas locales coincidentes con el proceso electoral federal.
La función de la Publicidad Política en las campañas
Una de las principales funciones estratégicas de la publicidad política reside en su capacidad para insertar temas en la agenda mediática (Ansolabehere e Iyengar, 1994). La principal contradicción del nuevo modelo de comunicación en México es el gran volumen de spots sujetos a un proceso de pautaje y transmisión de por lo menos cinco días de diferencia. Algo contrario a lo visto en elecciones pasadas en donde los spots eran producidos y transmitidos en cuestión de horas, manteniendo esta herramienta como un medio ágil de respuesta frente a los posicionamientos de la oposición. La creciente demanda de información por parte de los medios de comunicación, ahora inmersos en ciclos noticiosos ininterrumpidos, ha creado un contexto mediático propicio para la publicidad política (Kaid y Holtz–Bacha, 2006). Aparecer y reaccionar de manera inmediata dentro de los mismos canales informativos (radio, televisión, Internet) en los que difunden sus mensajes los otros partidos es práctica común en la mayoría de países en donde el modelo de comunicación política apuesta fuerte por la publicidad en radio y televisión. El caso más representativo es el de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, el modelo mexicano ofrece lo peor de dos mundos. Por un lado, garantiza la transmisión masiva de producciones de treinta segundos en la totalidad de las estaciones radiales y los canales televisivos concesionados y permisionados, poco más de diez millones de mensajes transmitidos por los ocho partidos políticos registrados en la contienda de 2009 en las más de dos mil frecuencias de radio y televisión concesionadas en todo el territorio nacional.
Por el otro, limita la función estratégica de los spots debido al tiempo que pasa, por lo menos cinco días hábiles, entre la producción de un mensaje, su inserción en el pautado y su posterior transmisión por el medio de comunicación. Esta dilación entre la producción del mensaje y su transmisión se explica por la considerable cantidad de mensajes que fueron transmitidos por miles de concesionarios de la radio y la televisión a lo largo de los sesenta días que duró la campaña electoral en 2009.
Un último punto hace hincapié en el reto que implicó para el IFE la aplicación técnica de la nueva ley en materia del acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión. A partir de la instrucción del artículo 41 de la Constitución y del párrafo v del artículo 49 del Cofipe, el IFE se convirtió en la única autoridad facultada para administrar los tiempos del Estado en radio y televisión durante el proceso electoral, por lo cual está obligado a monitorear la transmisión diaria de todas las frecuencias de radio y de los canales de televisión concesionados con cuatro objetivos particulares:
1. Detectar posibles omisiones en la transmisión de los mensajes de los partidos por parte de los concesionarios y permisionarios.
2. Identificar la transmisión de mensajes fuera de la pauta establecida.
3. Detectar la transmisión de mensajes adicionales a los establecidos en la pauta original.
4. Identificar la transmisión de material ajeno al producido por los partidos políticos y que constituya una infracción a la ley electoral.
Vigilar el cumplimiento cabal de los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión respecto de los cuatro puntos arriba señalados obligó al IFE a instalar un complejo sistema de monitoreo a nivel nacional en 150 estaciones definidas por criterios geográficos y de mercados mediáticos. Este sistema de monitoreo, utilizado por primera vez por el propio Instituto, requirió la inversión de alrededor de 400 millones de pesos tanto en la instalación de los centros de monitoreo como en la adquisición de la infraestructura material para la operación de un sistema de grabación digital llamado Volicon. Este sistema permitió, entre otras cosas, generar firmas auditivas que identificaban a cada spot antes de ser remitido a los concesionarios para su transmisión, haciendo semiautomática su detección al momento de ser transmitido. De esta forma pudieron ser detectadas tanto las omisiones como las transmisiones fuera de pauta.
Como puede observarse en las consideraciones aquí expuestas, el modelo electoral mexicano en materia de acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación bien puede ser uno de los más complejos del orbe al tiempo que ofrece múltiples posibilidades de interpretación subjetiva al momento de determinar la "legalidad" de un mensaje. Más allá de argumentar sobre las fallas y posibles áreas de oportunidad existentes en la actual ley electoral, la razón de ser de nuestro análisis reside en una fuerte crítica acerca del paradigma sobre el cual se ha justificado el actual modelo de acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos: más mensajes, más impacto; persuasión en lugar de comunicación; repetición indiscriminada en vez de un uso estratégico de los tiempos fiscales del Estado mexicano. En otras palabras, es pertinente preguntarse si valió la pena montar todo ese aparato técnico y humano a partir de un análisis objetivo del contenido de los mensajes transmitidos en 2009.
Conducción de los Spots
Uno de los temas controvertidos dentro del modelo de comunicación predominantemente publicitario ha sido la utilización recurrente de actores en la presentación de los mensajes transmitidos por los partidos políticos en su publicidad. Una de las principales explicaciones de esta tendencia ha sido la pérdida de credibilidad de los políticos y la decisión de sus estrategas por usar actores que puedan empatar mejor con las características sociodemográficas de su público meta. De acuerdo con esta sugerencia, al realizar el análisis de los mensajes transmitidos en 2009 encontramos que el 42% de estas producciones fueron presentadas por un actor contratado para ello. Si sumamos un 6% en donde el/la presentador/a era una celebridad, observamos que en casi la mitad de los spots la información no fue presentada por un político o candidato.
Un dato adicional con respecto a las características de quien presenta la información en los spots muestra una marcada tendencia hacia la selección de hombres (73%) por encima de mujeres (27%). Si tomamos en consideración que un mensaje político está diseñado en función del público meta al que busca persuadir y del hecho mismo de que hay más mujeres que hombres registrados en el padrón electoral, 51% frente a 49%, llama la atención que la mayoría de los mensajes hayan sido conducidos por un hombre.
Tal y como lo confirman algunos casos (como la reciente renuncia de mujeres diputadas para que sus suplentes masculinos ocupen la curul apenas instalada la LXI Legislatura, dándole la vuelta a la cuota de género establecida por la ley electoral según la cual los partidos no podrían contar con más de un 70% de candidatos o candidatas del mismo género a los escaños en el Senado y la Cámara de Diputados), los mensajes políticos dominados por la presencia mayoritaria de hombres nos llevan a reflexionar sobre la persistencia de una política masculinizada tanto en lo simbólico como en los hechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario